Quiebra del Suiza: deuda con trabajadores asciende a más de $281 millones y bienes rematados cubren menos de un tercio de eso

Junta de acreedores encargó un análisis jurídico a abogado temuquense para determinar la posible existencia de delitos.

El pasado 14 de noviembre la noticia corrió como agua. Después de 45 años de funcionamiento, la emblemática Pastelería Suiza cerraba sus puertas y no lo hacía de la mejor manera. La sociedad Comercial Suiza Ltda., controladora de la empresa, se acogía al sistema concursal de quiebras y dejaba a 25 trabajadores sin su sustento labora y a Pucón sin uno de sus más importante restaurantes. Pasado casi nueve meses de ese día, la causa que se ventila en tribunales civiles arroja algunas certezas. Entre ellas, que la deuda acreditada por los 25 trabajadores que se desarrollaban actividades laborales en la empresa llega a los $281.745.347.

Pero no es lo único, de acuerdo a la causa que se ventila en el Juzgado Civil de Pucón y que tienen a Valeria Cañas como liquidadora (representa a la antigua figura del síndico de quiebras) la empresa, cuyo representante legal es Rafael Pascual Uzuriaga, ya vendió los activos acreditados como propios: un local comercial en Temuco, dos vehículos y una serie de artefactos de restaurante. Entre todo, solo logró juntar la suma de $82.276.001. Es decir, no alcanza a ser un tercio de la deuda que la empresa tiene solo con los trabajadores. Eso, sin contar la existencia de otros acreedores como bancos y proveedores. En todo caso, cercanos a los encargados de llevar la causa de parte de la empresa señalan que quienes están primero en la fila para los pagos son los trabajadores. Pese a que, obviamente, el dinero no alcanzaría.

Uno de los puntos que llama la atención a quienes son parte de la causa es que el edificio de calle O’Higgins 116, lugar donde históricamente funcionó el restaurante no pertenece a la sociedad, sino que al representante como persona natural. Es decir, técnicamente no podría ser enajenado y rematado para pagar las deudas. 

Se supo, además, que la junta acreedora encargó un análisis jurídico del caso al abogado Manuel Contreras. La idea es poder tener algunas certezas sobre la posibilidad de que existan delitos en el actuar de la empresa deudora o sus socios. Consultado Contreras sobre esta situación, el profesional señaló que es algo que aún está en análisis y que en los próximos días entregará un informe.