Tribunal acoge parcialmente demanda de prescripción de deuda de Magisur y la empresa deberá pagar $27 millones

El monto, eso sí, está lejos de los $150 millones cifrados por la municipalidad como el dinero no cancelado por la compañía por concepto de patentes, publicidad y derechos de aseo entre 2011 y 2018. La inmobiliaria apeló, pero el recurso fue rechazado por extemporáneo.

El caso fue noticia en junio de 2021 luego de que un informe de Contraloría detectara que la empresa Magisur debía más de $138 millones por no pago de patentes comerciales, publicidad y aseo domiciliario (esto desde el año 2011). El mismo órgano contralor le ordenaba a la administración pública local que iniciara acciones de cobro de esos dineros. Pero fue la misma empresa la que se adelantó y en julio del año pasado ingresó una demanda que buscaba aplicar prescripción a los cobros. Y esa acción judicial tuvo un fallo en el Juzgado de Letras y Garantía de Pucón que acogía parcialmente la acción de la empresa; ya que dejaba fuera de la prescripción el período de 2011 a 2013 en los tres ítems adeudados y lo acoge desde, en los hechos, desde 2014 a 2018. Por lo mismo, Magisur debería pagar un poco más de $27 millones (cifra calculada en el departamento de Rentas y Patentes). 

Según lo que se puede ver en la causa que está en el sistema on line del Poder Judicial, el fallo de primera instancia acoge en parte la tesis de la municipalidad en torno a que hubo acciones de cobro entre 2011 y 2013 por lo que la prescripción no aplicaría. Posición contraria a la de la empresa que buscaba que la deuda no fuera cancelada. Por lo mismo, los abogados de la compañía apelaron al fallo, pero la apelación fue desechada por —de acuerdo al tribunal— extemporánea. Es decir, haberse presentado fuera del plazo legal. La municipalidad (que en la causa actualizó la deuda debido a los intereses a un poco más de $150 millones) tampoco apeló, ya que según algunas fuentes consultadas, la prescripción de la deuda era inevitable en los años posteriores; lo que ha sido refrendado en diferentes causas similares por el mismo tribunal.

Cuando se conoció el caso del no cobro de estos derechos se generó un revuelo político con una serie de acusaciones de parte de, principalmente, los concejales del denominado “bloque opositor” a la administración del alcalde Carlos Barra. Incluso se llegó a decir en una sesión de concejo que podría configurarse un “abandono de deberes” por no haber perseguido el pago. De hecho, este caso es uno de los argumentos planteados por el concejo municipal cuando se removió al ex administrador municipal (quien debe ser reintegrado) Rodrigo Ortiz. 

Consultados los concejales por este tema, solo Daniela García y Verónica Castillo entregaron una opinión. La primera apuntó a la negligencia en la fiscalización, lo que permitió a la empresa no pagar más de $100 millones. “Una negligente fiscalización hacia las grandes empresas ha hecho perder  a este municipio más de $100 millones. Esperamos que nunca vuelva a suceder algo así”, sostuvo la edil.

Verónica Castillo, en tanto, calificó el caso de “lamentable”. “Ahora habrá que cobrar los $27 millones y seguir preguntando qué pasa con este sumario que se ordenó en la fecha que denuncié la situación del no cobro de esta deuda y hasta el momento no tenemos noticias del sumario. Es lamentable”, acusó Castillo. Respecto a esto último (el sumario) no hay información concreta sobre el proceso de parte de la administración pública local.