Corte acoge recurso de protección y posibilita reintegro a la municipalidad del abogado Christian Águila

El profesional acusó que su desvinculación, que se argumentó en base a su relación de parentesco con directora de Fomento y Turismo y no por el denominado “Caso Martabid”, fue un acto “ilegal y arbitrario”.

La Corte de Apelaciones de Temuco acogió un recurso de protección interpuesto por el abogado Christian Águila, quien había sido desvinculado de su cargo en la municipalidad, luego de conocido el denominado “Caso Martabid”. Este último corresponde al hecho en el que Águila fue cuestionado por, según la directora de Obras, Lorena Fuentes, llegar a un acuerdo con el representante del empresario inmobiliario José Miguel Martabid, quien se encontraba infraccionado por una casa construida fuera de las normas acotadas en un permiso de edificación. Según Fuentes, Águila llegó a un avenimiento que favorecía más al empresario que a los intereses de la municipalidad. 

En todo caso, como se conoció a través del mismo recurso de protección que ingresó el abogado, la razón de la desvinculación nunca fue el tema Martabid, sino que la relación de parentesco que Águila tiene con la actual directora de Fomento y Turismo, Carolina Ruiz. Así las cosas, el decreto de término de contrato con el profesional se fundamentaba en el artículo 54 letra B de la Ley 18.575, que prohibe ingresar a la administración del Estado, las personas que tengan la calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y funcionarios directivos del organismo al que postulan, hasta el nivel de jefe de departamento o su equivalente.

El punto es que el recurso de Christian Águila, patrocinado por el abogado Nicolás Quintana Escalona, apuntaba a que el acto de desvinculación fuera declarado como “ilegal y arbitrario” debido a que, según ellos, se deben considerar dos elementos: Carolina Ruiz no tiene relación de jerarquía sobre el profesional desvinculado (y ahora reintegrado); y que la mujer asumió el cargo directivo posterior a los contratos de Águila. El recurso, en rigor, refuta la posición de la dirección de Control de la municipalidad (organismo que puso piso a la desvinculación por la relación de parentesco) con una serie de resoluciones de la Contraloría. 

“En razón de lo precedentemente expuesto, resulta por lo menos contradictorio y curioso que el órgano de control interno del Municipio haya señalado que existe una inhabilidad en el caso de mi representado, cuando ha quedado de manifiesto y ha sido la propia Contraloría General de la Republica quien ha señalado en reiteradas ocasiones que efectivamente debe existir una relación jerárquica entre las partes de cuya inhabilidad se reclama”, se lee en el escrito.

Así las cosas, el recurso (que puede leerse directamente acá) concluye al solicitar una orden de no innovar, lo que significa que la representación de Águila pide que la Corte, en los hechos, vuelva todo a como estaba previo al acto que consideran “ilegal y arbitrario” (el decreto de desvinculación). Ante eso, el tribunal de alzada accede, por lo que Águila debería ser reintegrado a sus labores en el municipio.

En este contexto, lo último que se supo es que la municipalidad abrió una investigación sumaria por los hechos denunciados por Lorena Fuentes. Esta acción (la indagatoria), según la secretaria municipal, Gladiela Matus, fue cerrada por la desvinculación previa del abogado. En este contexto, resta saber qué sucederá con esta investigación sumaria con la reincorporación. En paralelo, también es sabido que el Ministerio Público local abrió una causa por un posible y eventual tráfico de influencias o cohecho y en ella ya realizó algunas diligencias, como pedir los antecedentes en el Juzgado de Policía Local, donde se ventiló el caso que originó la controversia; e incautar el computador de trabajo del abogado Águila.

La Corte, en tanto, solicitó informes a la municipalidad para comenzar así la discusión de fondo sobre la desvinculación. Mientras, el abogado podrá volver a sus labores habituales en el municipio.