Corte de Temuco paraliza desalojo de feriantes de Newen Mapu

• Abogada de la municipalidad, Romy Gudenschwager, en tanto, explica que las artesanas se deben ir del lugar debido a que el contrato no se renovó por las deudas de arriendo. Agrega que la Contraloría prohibió que el ente público se responsabilizara por pagos que deben cumplir particulares, por lo que no pueden sacar dineros estatales para cancelar a los dueños del terreno. 

La incertidumbre terminó. Al menos por un tiempo. Esto, luego de que la Corte de Apelaciones de Temuco admitiera para tramitar el recurso de protección que interpusieron 40 locatarios, la mayoría de ellos mujeres, de la feria Newen Mapu, ubicada en Ansorena, a pocos metros de O’Higgins. Pero más allá de la admisibilidad, que valida los elementos de forma del recurso, lo más relevante en el corto plazo es que el tribunal otorgó la orden de no innovar (ONI en la jerga jurídica) solicitada por los abogados, Edmundo Figueroa y Cristian Águila, representantes de las comerciantes que en el fondo frena el proceso de desalojo que había iniciado la municipalidad por el no pago de los arriendos de las feriantes. La resolución del tribunal, cabecera del Poder Judicial en la región, le da un plazo de ocho días al principal organismo público local para entregar un informe y toda la documentación necesaria para defender su posición. 

Verónica Saéz, representante y vocera de quienes interpusieron el recurso, señala estar contenta con la resolución de la Corte, la que le extiende el plazo de permanencia en el lugar, al menos, hasta que termine el proceso. “Nosotros estamos contentos porque salió la orden de no innovar y entendemos perfectamente que no pueden sacarnos de ahí mientras dure el proceso”, expresa la dirigente.

Ahora, la resolución agrega otro condimento a la compleja nomenclatura que se desarrolla en el caso Newen Mapu. Esto, porque de acuerdo a la versión de la municipalidad, las mujeres deben salir porque, en los hechos, los contratos que mantenían con ellas se terminaron el 31 de agosto y no se renovaron debido al no pago. La deuda, de acuerdo a la administración pública local, alcanza los $60 millones (las mujeres feriantes sólo reconocen $25 millones). El punto es que si bien los contratos son entre los feriantes y la municipalidad, hay un tercero involucrado: el grupo Eltit, dueños del terreno, quienes lo arriendan a la municipalidad para que el ente público lo subarriende. El problema es que, debido al no pago de las artesanas, la municipalidad tampoco ha pagado a Eltit. La deuda, que ya va en $25 millones podría acrecentarse y según Romy Gudenschwager, abogada municipal, la Contraloría prohibió sacar dineros públicos para pagar deudas que en el fondo son de privados. 

“Durante todo este tiempo el municipio le ha dado una serie de facilidades y oportunidades para que ellas paguen su deuda, pero esto no ha ocurrido y nos vemos hoy en una situación insostenible. La municipalidad no puede subvencionar platas de terceros cuando hay un arrendatario y esto está ordenado por la Contraloría”, explica la abogada Gudenschwager, quien luego agrega: “Hemos tenido siempre las puertas abiertas para darles la posibilidad de cumplir con sus obligaciones y es más, el martes pasado, se les dio la posibilidad de llegar a un arreglo y ellas no lo tomaron así”.

Sobre este acuerdo Romy Gudenschwager sostiene que la solución apuntaba a que las personas que estuvieran al día o con compromisos de pagos  activos, se ubicaran en una  carpa en la calle Gerónimo de Alderete del 11 al 20 de septiembre y puedan vender sus artículos. Pero había un acuerdo a más largo plazo y pasaba por un particular que arrendaba un espacio a un bajo costo de mercado en el centro de Pucón en el que podían instalarse unos 40 puestos. Todo esto, según la profesional, fue rechazado: “Esas posibilidades eran ciertas y mediatas. La segunda era una muy buena posibilidad, pero ellas son las que deciden”.

El punto es que según la posición de la municipalidad, que ahora deberá ser refrendada en la Corte, las mujeres incumplieron con los pagos porque el contrato no se renovó. Y más que eso, el organismo no puede pagar la deuda a los Eltit y  tampoco seguir subvencionando a las artesanas, ya que es una prohibición de la Contraloría. Es decir, el organismo público no puede (por mandato administrativo de quien los fiscaliza) seguir con la figura usada desde 2014 y que posibilitó el subarriendo para beneficiar a 52 locatarios que usan las instalaciones de Newen Mapu.

Por ahora resta esperar que el proceso judicial siga su camino (podría durar hasta fin de año). Y también se debe esperar la reacción del grupo Eltit, ya que la permanencia de las locatarias en el lugar sólo acrecentará la deuda de la municipalidad con ellos. Y si el organismo público está imposibilitado de pagar, al reconocido holding local no le queda otro camino que ir al tribunal civil para forzar el pago. En paralelo, es probable que la municipalidad inicie juicios por el no pago en contra de las locatarias con el objetivo de forzar el desalojo, esta vez, con el respaldo de los tribunales. Es decir, la justicia tendrá la última palabra en este complejo caso.