Suprema confirma que feriantes de Newen Mapu no pueden ser desalojadas vía decreto municipal

• Comerciantes ganan en el máximo tribunal del país y ahora la administración pública local debe seguir causas civiles por el no pago de los arriendos. 

La Corte Suprema confirmó el fallo de la de Apelaciones que favorecía a un grupo de locatarios de la feria Newen Mapu en su recurso de protección, luego de que la municipalidad intentara desalojarlas vía decreto, a raíz de una deuda que asciende, según la administración pública local a cerca de $60 millones (las feriantes sostienen que son $25 millones). De acuerdo a lo definido por el tribunal de alzada y corroborado por la Suprema, la municipalidad local no puede sacar a los cerca de 40 locatarios (en su mayoría mujeres) vía decreto y con el uso de la fuerza pública; sino que como cualquier contribuyente debe recurrir a la justicia ordinaria para hacerlo.

El caso se hizo conocido en el segundo semestre del año pasado, cuando los feriantes de Newen Mapu iniciaron una serie de acciones públicas y mediáticas para exponer su causa y eventual desalojo. Según lo que se puede leer en el recurso de protección, las comerciantes reconocían ser deudoras, pero argumentaban con una serie de situaciones que iban desde la pandemia hasta la crisis económica para justificar los problemas de pago. El tema es que entre los argumentos de la municipalidad, estampados en una carta que les hicieron llegar a las comerciantes a fines de agosto, sostienen que desde Empresas Eltit le requirieron el espacio de unos 100 metros cuadrados por no pago. Eso sí, desde el entorno del grupo empresarial sostuvieron que no hay una decisión como política de la empresa el pedir el lugar, sino que simplemente lo requieren por el no pago con su contratante (la municipalidad).

La historia de la feria Newen Mapu partió hace cerca de diez años cuando la municipalidad, liderada por el alcalde Carlos Barra, impulsó una política pública que apuntaba a sacar los carritos de artesanías que se instalaban en el sector de la plaza. Para eso, la administración pública local arrendó el antiguo galpón que la familia Eltit tiene en la calle Ansorena, a pocos metros de la avenida O’Higgins. El lugar fue adecuado para la instalación de cerca de 40 stand de artesanía, productos locales y comida. Todo esto con un arriendo de bajo costo para los locatarios. Pero pasaron los años y el tema se complicó, principalmente por la pandemia y la crisis económica que vive el país y Pucón como destino turístico. Por lo mismo, los locatarios comenzaron a incumplir con el pago de los arriendos y la deuda, según la municipalidad, bordeaba los $60 millones. 

Debido a lo anterior, y a un mandato de la Contraloría que decía que el municipio no podía asumir la deuda de las mujeres y pagar con recursos propios al arrendador original, el contrato con los Eltit terminó el pasado 31 de agosto. Y en ese contexto fue que la municipalidad dió un plazo acotado (cinco días) a los locatarios para que salieran del lugar. De lo contrario, utilizarían la fuerza pública (Carabineros). El fallo del tribunal de alzada (corroborado por la Suprema) sostiene que la administración pública local no puede autotutelarse y ordenar discrecionalmente un desalojo. Debe, necesariamente, pasar por un tribunal de la república como cualquier ciudadano. De hecho, la resolución señala que el municipio cometió un acto “ilegal” y “arbitrario”.

La causa fue defendida en tribunales por los ex abogados de la municipalidad Edmundo Figueroa y Cristian Águila. Desde la administración pública local, sostienen que ahora se enfocarán en sacar a las feriantes por el tribunal civil, tal como lo plantea el máximo tribunal del país