Conflicto en Renahue escala: vecinos alegan por cerco que impediría acceso a la playa

El problema entre los lugareños y el empresario Alberto Kassis avanzó un paso más a raíz de una reja que el privado está construyendo a metros de la ribera del Lago Caburgua. En tanto, si bien la resolución administrativa de Vialidad da el favor a la gente del sector, es probable que el asunto llegue a los tribunales civiles. 

El conflicto de los vecinos de Renahue con el empresario Alberto Kassis (controlador de Consorcio Industrial de Alimentos (Cial), que maneja marcas como San Jorge y La Preferida) sigue escalando. Y al tramo de 1,2 kilómetros del camino considerado como público por Vialidad y los vecinos y privado por el hombre de negocios, se suma el acceso a la playa. Esto, porque el presidente de la junta de vecinos del sector, Cristian Muñoz, acusa que Kassis está levantando un cerco perimetral que, en los hechos, cerraría los accesos públicos a la playa y transformaría la ribera del lago en un lugar privado.

“Tenemos el problema del cerco. Nosotros ya enviamos un documento a Bienes Nacionales para que tome ‘cartas en el asunto’. Y Bienes Nacionales vino y sacó fotos a donde van los tres accesos que don Alberto Kassis se comprometió a dejar libre para la playa. Eso está en trámite”, explicó Muñoz a La Voz….

Según Muñoz, el compromiso de Kassis fue realizado a través del alcalde (y candidato a la reelección) Carlos Barra a sacar el portón que estaba al inicio de lo que el empresario considera propiedad privada y los lugareños como parte del camino; y dejar tres accesos libres a la playa. Lo primero, sí sucedió (ya no está el portón), pero las bajadas a la playa, según Muñoz, aún no se concretan.

El tema se entrecruza con la situación del camino. Esto, porque desde la seremi de Obras Públicas informaron que ya salió una última resolución que confirma que el tramo es público y para habilitarlo y dejarlo óptimo para su uso debe ingresar maquinaria pesada y dejarlo de ocho metros y el cerco, posiblemente, complique los trabajos: “Vialidad entregó la resolución y el camino es público y ahora tienen que entrar con máquinas a trabajar. El cerco como está y si una máquina grande quiere trabajar es probable que los choque o estropee y vamos a tener problemas con don Alberto porque lo más probable es que va a demandar a Vialidad y nos va a poner un recurso y paralizar el camino que toda la vida hemos estado peleando”.

Consultada la seremi de Bienes Nacionales, Natalia Rivera, confirmó que hubo un equipo que fiscalizó en terreno y que se analiza la situación de acceso a las playas para emitir un informe y resolución. “Enviamos un equipo fiscalizador de la seremi de Bienes Nacionales, quienes se encuentran realizando un informe técnico pertinente para abordar la situación, ya que como ministerio debemos garantizar el acceso libre y gratuito a todas las playas de nuestro país”, sostuvo la autoridad regional.

En tanto, su par de Obras Públicas, Henry Leal, reafirmó que si bien son “tremendamente respetuosos” de la propiedad privada, para el Estado el camino es público. “También tenemos que ser respetuosos y hacer cumplir la Ley y cuando un camino es público, tiene que ser de uso público y para nosotros, el camino de Renahue tiene que ser de uso público y tiene que estar a disposición de todos los vecinos. Esta es una demanda de años y que yo respaldo y apoyo”, explicó Leal, quien agregó: “Con fecha 14 de abril el director nacional de Vialidad emitió una resolución donde rechazó todos los recursos pendientes: de reposición, jerárquicos y de invalidación que había interpuesto un privado y una sociedad agrícola en Renahue”.

Leal explicitó que esta semana ingresaría maquinaria al camino para comenzar los trabajos y garantizar que la ruta pueda ser usada por los vecinos y cualquier habitante de la región.

Si bien desde el entorno del empresario y sus representantes legales no quisieron hacer declaraciones, sí aclaran informalmente tres situaciones específicas: según ellos, nunca se les ha impedido el paso a los vecinos por el camino en disputa; hay y mantendrán acceso a la playa y que el problema no es con los vecinos (con quienes pretenden reunirse), sino que con Vialidad. También dejaron entrever que no se conformarían con la última resolución administrativa (a la que aludió Leal) y que podrían recurrir a tribunales ordinarios. Es decir, la disputa por el tramo podría seguir.