Bloque opositor pide sumario a directora de Salud por no firmar convenio para facilitador intercultural mapuche

Grupo de cuatro concejales acusan que la medida podría ser considerada como “discriminatoria” y “racista”. 

“Señor Alcalde; los concejales firmantes hemos tomado conocimiento de un hecho grave que nos obliga dar a conocer con la finalidad de solicitarle formalmente la instrucción de un sumario administrativo para los fines establecidos en el artículo 118 y sgtes. de la Ley 19.883 que aprueba el Estatuto Administrativo para funcionarios Municipales y que involucra a la Directora del departamento de Salud municipal”.

Así parte el oficio con que el grupo de cuatro concejales (el denominado “bloque opositor” compuesto por Ricardo Cortés, Daniela García, Verónica Castillo y Armin Avilés) solicita un sumario administrativo en contra de la directora de Salud municipal Odette Castillo por, según el documento de los ediles, negarse a firmar un convenio que permitía la inclusión de un facilitador intercultural mapuche costeado con fondos del Gobierno central. 

“El día martes 26 de abril, se recibió una denuncia asociada al departamento de salud municipal, en específico respecto de su Directora, que dice relación con una medida arbitraria que incluso puede ser considerada discriminatoria y racista a juicio de la persona denunciante”, se lee en el punto uno del oficio, en el que en el párrafo siguiente se agrega: “La denuncia dice relación con la negación y rechazo por parte de la Directora de Salud Municipal a suscribir un convenio extrapresupuestario (financiado por el gobierno) asociado a la contratación de un Facilitador o Facilitadora Intercultural Mapuche, con el fin, de acercar la medicina ancestral a la comunidad mapuche y no mapuche que así lo requieran o soliciten”.

Según los ediles, los argumentos entregados por la directora Castillo para no firmar el convenio son “cuestionables”: “Los eventuales argumentos esgrimidos para rechazar los recursos, la implementación del programa y la negativa a firmar el convenio dicen relación con no tener dependencias para la instalación de la oficina, sumado a la fundamentación de que según diagnósticos aplicados a las comunidades de los sectores rurales no existe este requerimiento, situación que resulta cuestionable pues no se tienen a la vista  antecedentes sobre consulta indígena o procesos de participación ciudadana que validen lo señalado”.

Según los denunciantes, lo anterior constituye una “falta grave” que debe ser investigada y aclarada a través de un sumario administrativo. Consultada la municipalidad sobre el tema, señalaron que —por el momento— no se referirán a ello.