Transparencia en sumarios municipales

Ha sido una constante en los últimos años, al menos en los cuales nuestro medio lleva funcionando (mayo de 2018). Se trata de los múltiples y numerosos sumarios administrativos de los cuales no se conocen los resultados. El último de ellos es el instruido por el alcalde Carlos Barra en septiembre del año pasado por el caso del no cobro de derechos municipales por patentes, aseo y publicidad a la empresa Magisur. 

En aquella oportunidad el jefe comunal fue enfático para señalar que se buscaría a los responsables para sancionarlos administrativamente por el negligente actuar que dejó a la municipalidad sin recibir pagos por más de $100 millones, según el fallo del tribunal publicado por nuestro medio el jueves.

Cuando ya pasó un poco más de un año de esa decisión de decretar la investigación sumaria no se conoce de ella si hubo o no resultados y si se llegó a algún responsable por el no cobro de la deuda. Lo anterior se torna más complejo al existir recursos públicos comprometidos y una evidente pérdida del patrimonio municipal. El tema es grave.

Ahora, hay que recordar que por principio todos los actos de los servicios estatales son públicos según la Constitución que nos rige. Y si bien los sumarios están resguardados en su publicidad para los intervinientes hasta la presentación de cargos; las resoluciones y resultados finales necesariamente deben estar disponibles para todos los ciudadanos. En nuestra municipalidad, y en varias otras por cierto, pareciera ser que el principio de publicidad consagrado en el Artículo 8 de la Carta Magna no es tomado en cuenta; pese a las múltiples señales que el Estado ha dado hacia esa dirección de manera significativa. Y lo anterior ha sido refrendado por la Ley de Transparencia que regula el acceso a la información pública de parte de los ciudadanos comunes y corrientes.

Por lo mismo, el llamado hacia nuestras autoridades locales es promover la publicidad en estas investigaciones y dar cuenta de los resultados. De lo contrario, solo se transforman en ineficientes “saludos a la bandera” que no tienen mayor destino que morir en los servidores computacionales del Estado.