Municipalidad confirma suspensión de cuatro funcionarios del colegio Carlos Holzapfel por caso de abusos sexuales

En un extenso y detallado documento la dirección de Educación pública local explica los pasos que han seguido desde que se conoció la autodenuncia del sospechoso. En el texto también se hace mención a consumo y tráfico de drogas.

INVESTIGACIÓN.- La arista penal de la causa la lleva la fiscalía local de Pucón y la Brigada de Delitos Sexuales (BDS) de la PDI.

La Dirección de Educación Municipal (Daem) confirmó la suspensión de cuatro funcionarios del Complejo Educacional Carlos Holzapfel (CECH). Se trata de la directora Patricia Arratia; el inspector general Andrés Alfaro y el encargado de convivencia Róbinson Gutiérrez. También se conoció una cuarta persona suspendida, quien es asistente de la educación; aunque no se confirmó el nombre. Todo esto en el contexto del sumario administrativo que lleva adelante el mismo departamento de Educación local a través del abogado Eduardo Ramírez. Eso luego de conocerse una autodenuncia por abusos sexuales realizada por un asistente de la educación que fue despedido y actualmente está siendo investigado por la justicia.

Si bien los antecedentes se manejaban desde el pasado viernes, se hizo oficial la mañana de este martes cuando se leyó un informe del Daem en el concejo municipal. En el documento se detalló todo lo realizado desde que se conoció la autodenuncia del asistente de la educación, principal sospechoso en la causa por abusos sexuales que ya tiene una arista penal que maneja la fiscalía local e investiga la Brigada de Delitos Sexuales (BDS) de la PDI. En la lectura, realizada por la secretaria municipal, Gladiela Matus, también se confirmó el consumo de marihuana y se especificó la existencia, además, de una investigación administrativa por consumo y tráfico de drogas.

Fiestas

Uno de los elementos que deberán dilucidar las investigaciones tiene que ver con fiestas y reuniones sociales que el sospechoso habría realizado en su casa. El punto es que, según testimonios de conocidos, hasta ese lugar llegaban otros funcionarios del establecimiento y —de acuerdo a los mismos testimonios— alumnos. El punto es que si bien esto ocurría en el ámbito privado, no es menor que la posibilidad de consumo de marihuana y otras drogas es cierta. Y si hasta el lugar concurrían menores de edad, podría configurarse algún tipo de delito.

También se suman testimonios de apoderados que apuntan a que el sospechoso entregaba dinero a los niños para transporte o compra de golosinas. Esto, a la luz de los hechos y en el contexto de la denuncia, es tomado como un mecanismo para ganarse la confianza de los menores. El punto es que toda esta situación pone en entredicho los filtros de las escuelas públicas locales para la contratación de funcionarios y asistentes. Eso, por cierto, es algo que tendrá que dilucidar también el sumario administrativo.

Vea el documento completo