Contraloría cuestiona más de 20 sumarios sin cierre en Departamento de Salud

Informe del organismo fiscalizador sostiene que existe una “falta de supervisión” en este tema y pide que se abra una investigación para determinar responsabilidades. También cuestiona proceso de contratación de chofer. Todo esto, aunque libera de responsabilidad a la municipalidad en otras nueve acusaciones.

 

Con una denuncia anónima. Así partió la investigación que la Contraloría regional realizó al Departamento de Salud Municipal, en la que se hacían una serie de acusaciones de malos manejos y a la que finalmente el organismo que regula el actuar de la administración pública en el país pesquisó dos situaciones que reprocha: la primera, la suma de 21 procesos disciplinarios (sumarios) pendientes sin cerrar. El más antiguo del año 2008. Y la contratación del auxiliar Víctor Vargas Monasterio, en la que se acusa no haber respetado los lineamientos establecidos en los procesos de selección.

Pero la denuncia realizada en Contraloría apuntaba a 11 situaciones consideradas como sospechosas o cuestionables de parte de quien realizó la acusación. Entre ellas, la aplicación del cuestionado artículo 45 (ver notas al respecto) para los funcionarios del sector rural, una licitación para construir bodegas, la remoción de Denisse Zavaroni de la coordinación de dos programas del departamento y la no renovación del contrato de suministro de mano de obra; esto sumado a la baja de las remuneraciones del personal de aseo y portería; entre las denuncias más destacadas. De estas 11 acusaciones, en nueve de ellas la Contraloría desestimó las irregularidades, pero puso la vista en los sumarios sin cerrar y el proceso de contratación de Vargas Monasterio.

 

Sumarios eternos

El documento (se puede descargar al final de esta nota) acusa y detalla la existencia de 21 procesos disciplinarios que están en distintas fases y sin cierre y ordena a la municipalidad a abrir un sumario para investigar el por qué de esta situación. “Este servicio deberá instruir un sumario administrativo a fin de determinar las eventuales responsabilidades administrativas que les asista a los funcionarios que corresponda, debiendo remitir a la Unidad de Seguimiento de Fiscalía de la Contraloría General de la república copia del acto administrativo que lo acredite en un plazo de 15 días hábiles, contado desde la fecha de recepción del presente informe”, se lee en el informe, el que agrega que la municipalidad deberá determinar una carta gantt (una especie de cronograma con acciones) que permita terminar los procesos disciplinarios pendientes. Esto último en un plazo de 30 días hábiles a partir de la recepción del informe. Esta observación es catalogada por el organismo contralor como “compleja”. En ese contexto el informe concluye que “se advierte una falta de supervisión relacionada con el cumplimiento de los plazos de ejecución de los procedimientos disciplinarios”.

A continuación el listado de sumarios inconclusos registrados por la Contraloría:

Contratación de auxiliar

Otras de las observaciones apunta a la contratación de Víctor Vargas Monasterio. Esto porque no se respetó, según se lee, los lineamientos establecidos con anterioridad para hacerlo. En resumen se trató de un concurso realizado por la la Dirección de Salud para un cargo de chofer. Se presentaron cuatro postulantes y se confeccionó una terna. El punto es que el alcalde Carlos Barra tenía la facultad para elegir, pero no escogió de la terna, sino que al cuarto postulante, quien estaba en calidad de “no recomendado” (de acuerdo al proceso) para la labor.

“Se verificó que la contratación del señor vargas Monasterio fue improcedente, al no haberse respetado los lineamientos que se establecieron en el proceso de selección dispuesto para ello, en lo que respecta, a que, la elección por parte de la autoridad comunal, se basará en la terna que le presenten, a la que sólo pasarán aquellos candidatos que dentro de la evaluación psicolaboral salgan categorizados como recomendados o recomendados con observaciones, lo cual no se cumplio en la especie, por cuanto, como ya se mencionó, don Víctor Vargas fue categorizado como ‘no recomendado’”, dice el informe.

En todo caso, el documento advierte que la autoridad comunal (el alcalde) no está obligado a realizar un concurso público para proveer cargos a contrata (contratos a plazo fijo como era el caso), pero que si lo hace debe atenerse a los lineamientos del proceso que estableció (el concurso). Por lo mismo, la irregularidad se agotó cuando el plazo del contrato expiró. Y eso ocurrió el 31 de diciembre de 2018. Así las cosas, la renovación del contratado no reviste irregularidad porque es una acción nueva. Por lo mismo, esta observación se agota el 31 de diciembre de 2018, ya que la renovación no está en cuestionamiento por ser facultad del alcalde.

 

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