Ex alcaldesa aclara que liberar zonas para desarrollo inmobiliario en 2010 fue un “imperativo legal” y no una “iniciativa municipal”

Edita Mansilla sale al paso de las críticas y desarrolla una serie de argumentos técnicos en torno al por qué se tomó la decisión. Sostiene que todo fue supervisado por la seremi del Minvu de la época y rechaza el uso político que se le pueda dar al informe de la Contraloría General de la República.

CANDIDATA.- La ex alcaldesa va como independiente en la próxima elección municipal de abril. Acusa el uso político de las conclusiones del informe.

En un comunicado de tres páginas y con finos elementos técnicos, la ex alcaldesa PPD y actual candidata independiente a ser primera autoridad en Pucón, Edita Mansilla, salió al paso del informe de Contraloría General de la República (CGR) que —entre diferentes irregularidades y complicaciones— le asignaba al gobierno comunal que ella presidía en 2010 responsabilidad por liberar (erróneamente, según la CGR) un área verde para desarrollo inmobiliario; lo que posibilitó posteriormente la edificación de dos proyectos inmobiliarios en altura. De acuerdo a lo expresado por la ex autoridad local, la acción se debió, principalmente, a un “imperativo legal” y no a una “iniciativa municipal”.

“El acuerdo del Concejo Municipal del 2010, no surge de una iniciativa individual de la alcaldesa, así como tampoco de la Dirección de Obras ni del cuerpo colegiado que lo aprobó. El tema de desafectar zonas que se encontraban Declaradas como de Utilidad Pública (entre ellas calles y parques), surge por la aplicación de lo que establecía la Ley N°19.939/2004, que modificaba el artículo 59 de la LGUC, en términos de establecer un plazo de caducidad para las declaratorias de utilidad pública contenidas en los instrumentos de planificación territorial comunales e intercomunales”, se lee en el comunicado enviado por la ex autoridad, el que agrega: “Dicho plazo, permitía que los municipios fijaran las nuevas normas urbanísticas mediante un decreto alcaldicio, previo informe de la Secretaría Regional del Ministerio de Vivienda y Urbanismo de La Araucanía (SEREMI), asimilándolas a las de la zona predominante de las adyacentes al terreno”.

Según el escrito, el concejo municipal de esa época discutió el tema en tres sesiones, y contaron la asesoría de la ex directora de Obras Municipales, Lorena Fuentes; y del jefe de la Secretaría de Planificación Comunal (Secplac) de ese año, Eduardo Abdala, quien también ocupó cargos de importancia en los gobiernos regionales de la ex Concertación. El punto es que la alternativa de solución, según planteaba el informe, era poder expropiar los terrenos que quedaban desafectados de la Declaratoria de Utilidad Pública (DUP), pero que el municipio no tenía presupuesto para ello: “La única posibilidad de evitar la caducidad de las zonas declaradas de utilidad pública, era haber efectuado modificación del plan regulador o expropiar los terrenos DUP a los privados, en los seis meses siguientes, dando cuenta de la disposición presupuestaria, cuestión que era imposible para el municipio de Pucón, así como lo fue para la mayoría de los municipios de Chile”.

En todo caso, la ex alcaldesa hace apunta a que la decisión estuvo visada y supervisada por la Dirección de Desarrollo Urbanístico (DDU) de la seremi de Vivienda y Urbanismos (Minvu). “En el Acta N°120 del 02.09.2010., del Concejo Municipal de Pucón, se da lectura a un informe de fecha 02.09.2010., de la DDU, informándose que, en relación al Plan Regulador Intercomunal, las áreas de playa son administradas por la Subsecretaría de Marina, y como bienes nacionales de uso público, no les cabe el uso de vivienda. No obstante, en el área verde, si es posible darle uso de suelo de vivienda, que es en el área adyacent”. Según este documento, las zonas de playa no estaban consideradas para asimilarla a construcción de vivienda”, sostiene la aclaración que en un párrafo más abajo sostiene: “La Alcaldesa y el Concejo Municipal en ejercicio en el año 2010, sólo podían pronunciarse sobre la base de la buena fe del organismo técnico que le correspondía supervigilar los acuerdos”.

El documento, además, establece cuatro puntos a modo de conclusión: el primero que la decisión se tomó en base a un imperativo más a que a una iniciativa municipal; que la la aplicación de la normativa en base a la zona desafectada se tomó en base a una interpretación de la DDU de la seremi del Minvu; que solo en 2013 la CGR se pronuncia en torno a la controversia y aclara las zonificaciones afectas a la Declaratoria de Utilidad Pública; y finalmente que los dos proyectos que se construyen en la zona fueron autorizados en la administración del actual alcalde Carlos Barra.

Finalmente la ex alcaldesa y actual candidata, Edita Mansilla, hace una crítica al uso político que pudo dársele a las conclusiones del informe. “El Informe N°60 del organismo contralor, aborda innumerables problemas administrativos, normativos y financieros, que además de afectar el patrimonio municipal, pueden significar daños ambientales urgentes de reparar y fiscalizar, por lo que pretender una utilización política de uno de los aspectos suficientemente aclarados, puede también significar un claro abandono del deber fiscalizador de la entidad colegiada de la municipalidad, toda vez que se está advirtiendo la afectación del patrimonio municipal y de la contaminación del Lago Villarrica, denunciado hasta el cansancio por la propia ciudadanía”, finaliza.

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